España necesita 260.000 profesionales más para atender a las personas dependientes hasta 2030

La PMP considera que la reforma legislativa representa un avance hacia un modelo de atención más personalizado, aunque advierte de que su eficacia dependerá de la financiación, la disponibilidad de profesionales y la coordinación entre las administraciones públicas.

Según los datos difundidos por la organización, en junio de 2026 más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Pese a que las listas de espera se redujeron un 21% en un año, 142.887 personas continuaban pendientes de recibir atención, con un tiempo medio de tramitación de 314 días.

La plataforma también ha advertido de las diferencias territoriales en el acceso a los servicios. Según el Índice DEC, el 42% de la población española reside en territorios cuyos servicios sociales presentan niveles de desarrollo débiles o irrelevantes.

La financiación, uno de los principales desafíos

La PMP ha valorado que la reforma establezca la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema de dependencia.

Sin embargo, considera necesario avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7% del producto interior bruto (PIB) para garantizar su sostenibilidad.

Otro de los desafíos es la disponibilidad de personal. Según los datos de la Encuesta de Población Activa recogidos por la plataforma, el empleo en cuidados aumentó un 8,9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, al pasar de 386.900 a 421.200 trabajadores.

Pese a este crecimiento, la organización estima que será necesario incorporar otros 260.000 profesionales hasta 2030.

«La calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan las personas que la prestan», ha señalado Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal.

Más atención domiciliaria y apoyo a las familias

La plataforma también reclama reforzar los servicios domiciliarios, la teleasistencia y la asistencia personal para facilitar que las personas mayores y con discapacidad puedan permanecer en sus hogares cuando así lo deseen.

Asimismo, pide ampliar los recursos de apoyo a las familias cuidadoras, especialmente mediante formación, asesoramiento y servicios de respiro.

La PMP considera imprescindible establecer indicadores públicos que permitan evaluar la evolución de las listas de espera, la cobertura asistencial y la disponibilidad de profesionales.

Su presidente, Jesús Norberto Fernández, ha defendido que la aplicación de la reforma requiere un pacto estatal que mejore la coordinación entre administraciones y agilice los procedimientos.

El objetivo, según la organización, es que los derechos reconocidos por la legislación se traduzcan en una atención efectiva, con independencia del lugar de residencia de las personas beneficiarias.