La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha subrayado la necesidad de avanzar en la accesibilidad auditiva en los servicios de atención al cliente, con el objetivo de garantizar que las personas con sordera puedan ejercer sus derechos como consumidoras en igualdad de condiciones.
Fiapas urge a reforzar la accesibilidad auditiva en la atención al cliente
La entidad destaca el papel del subtitulado, el bucle magnético y los canales digitales accesibles para garantizar los derechos de las personas con sordera
FOTO: Curated Lifestyle vía Unsplash
En este sentido, la entidad ha puesto en valor los avances introducidos por la Ley 10/2025, de Servicios de Atención a la Clientela, que incorpora medidas orientadas a mejorar la accesibilidad y refuerza las obligaciones de las empresas en materia de atención inclusiva.
Tecnologías clave para la accesibilidad
Fiapas ha destacado el papel del subtitulado y del bucle magnético como herramientas esenciales para facilitar el acceso a la información y la comunicación. Estos recursos resultan especialmente relevantes para el 98% de las personas con sordera en España que utilizan la lengua oral como principal vía de comunicación, según datos del INE.
La organización advierte de que la ausencia de estos sistemas sigue suponiendo una barrera en la vida cotidiana, dificultando gestiones básicas, la resolución de incidencias o el acceso a servicios.
Además, Fiapas insiste en la necesidad de que los servicios de atención al cliente ofrezcan canales accesibles y diversos, como mensajería instantánea, texto o videollamada, que permitan a las personas con pérdida auditiva comunicarse de forma autónoma y segura.
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la nueva normativa disponen de un plazo de doce meses desde su entrada en vigor —hasta diciembre de 2026— para adaptar sus servicios. No obstante, la entidad subraya que este periodo transitorio no debe retrasar la implementación de medidas.
Un reto en el ámbito de la audiología y la inclusión
Desde Fiapas recuerdan que garantizar la accesibilidad auditiva no solo responde a una obligación legal, sino también a un compromiso social, que implica ofrecer un trato digno, respetuoso y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.
Avanzar en este ámbito, concluyen, es clave para favorecer la autonomía, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la relación entre usuarios y empresas.
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